Hace poco más de 20 años Costa Rica estaba terminando los pasos finales del proceso de modernización de su Sistema Aduanero.  De una forma o de otra, se implementaron muchas de los principales mejores prácticas reconocidas internacionalmente que luego fueron complementadas con normativa regional, principalmente el CAUCA III:

• cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras y no aduaneras por parte de importadores y exportadores,
• prestadores de servicios de logística regulados mediante un régimen adecuado a la época, con un marco general y otro específico, de acuerdo con sus funciones particulares (agentes aduaneros, transportistas, depositarios, etc.).
• procedimientos apoyados por tecnología (primero por el Sistema de Información Aduanera (SIA) y luego por el actual TIC@, siento este último el salto cualitativo más significativo en el área tecnológica- 2005).
• legislación que originalmente tuvo más coherencia que ahora, producto de reformas desafortunadas algunas de ellas, que pretendía que la organización administrativa reaccionara rápidamente para adaptar la estructura organizativa y los procedimientos a las nuevas exigencias del comercio internacional.

Al final de cuentas se pretendía que el Sistema Aduanero (Administración Pública, Prestadores de Servicios de Logística y Dueños de la Carga) operara  en un entorno normativo, procedimental y organizacional acorde con las exigencias de la nueva dinámica de la integración de mercados que atrajera inversión extranjera y permitiera el desarrollo económico en un marco de competitividad.  Todo sin descuidar las funciones de un control inteligente que debería ir desarrollando una administración aduanera que se modernizara constantemente. Sin embargo, hoy se percibe un entorno repleto de regulaciones de toda naturaleza que exigen del empresario poner atención cada vez más cuidadosa con el fin de evitar contingencias que, en algunos casos, salen muy costosas.  La complejidad del entrelazado normativo y administrativo afecta tanto a los funcionarios aduaneros como a los intermediarios del proceso (Auxiliares de la Función Pública Aduanera) y los usuarios (importadores/exportadores).

Este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica como se evidencia de la experiencia en el resto de Centroamérica y otros países y regiones.  Ya hace años se mencionaba que en lugar de pasar a un esquema de libre comercio con pocas regulaciones se debería de hablar más bien de un comercio administrado.  Nuevos fenómenos influyen en la realidad actual, como la falta de un único conjunto de reglas de origen y procedimientos de origen internacionalmente aceptado, la negociación de tratados fuera del régimen de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las presiones del uso de barreras no arancelarias, la reacción a la integración de mercados por parte de sectores que se sienten afectados, hasta aspectos de ideología económica y política que han aparecido como reacción a las normas de la apertura comercial, aunado a temas de seguridad internacional y el crimen transfronterizo, entre otros factores.

Por ello, es interesante observar que contrario a lo que se creería que iba a ser la situación, hoy en día hay una tierra fértil para caer en contingencias por incumplimientos de toda índole.  El sistema y los procedimientos pueden tornarse complejos y desincentivar el comercio exterior.  El entorno no es pacífico, por el contrario, es un campo minado.  Por ejemplo, no es inusual que un simple detalle formal en el llenado de un certificado de origen, de al traste con el esperado aprovechamiento de preferencias arancelarias.

Cada país tendrá su propia realidad y habrá explicaciones muy particulares.  En nuestro caso, Costa Rica, considero que hemos carecido de una verdadera política aduanera sustentada en criterios técnicos adecuados para mantener los principios de la modernización y corrigiendo, oportunamente, los errores, adoptado las mejores prácticas internacionales e innovando constantemente de acuerdo con nuestra realidad.  Evolucionar sin perder el norte y la mira puesta en un país que requiere de un mayor dinamismo en el comercio exterior, en lugar de repetir prácticas superadas que no han dado un resultado positivo para ejercer un mejor control de las operaciones aduaneras, apoyando el comercio legítimo y desincentivando el comercio ilegítimo.

En nuestro caso, es paradójico que la legislación de los noventas – desarrollada nacionalmente y luego complementada con la regional contenida en el CAUCA III, aún con sus defectos originarios, en su conjunto ha permitido establecer controles adecuados, flexibilizar los procedimientos y adaptarlos a las necesidades del comercio y de las empresas.  Sin embargo, no se le ha sacado el provecho adecuado, aparte de la implementación del TICA -digitalizando la declaración aduanera, su determinación y pago-.  En ese sentido, se ha desaprovechado la oportunidad de innovar los procedimientos, las prácticas y los controles aduaneros, perjudicando innecesariamente el desarrollo económico del país, la inversión nacional y extranjera y el ejercicio de la función aduanera.  ¿Quién lo diriá?  Tanto cambiar para seguir, más o menos, igual.  Pensando en esquemas tradicionales, como si el mundo siguiera siendo el mismo.  Como si tuvieramos todo el tiempo del universo.

Creo firmemente que el país debería lanzar un nuevo proceso de revisión sustancial del Sistema Aduanero que modernice sus procesos, para beneficio del sector privado, los sectores prestadores de servicios de logística y del Servicio Aduanero.  No se requiere esperar por cambios normativos, solamente visión y decisión.