Al revisar los documentos emitidos por el Ministerio de Hacienda en los años 80 y 90, podríamos imaginar que el proceso de importación y exportación de mercancías en la Costa Rica actual tendría que ser acorde con los objetivos de la modernización y la apertura comercial de su economía.  Los procedimientos aduaneros permitirían el ejercicio de un control en equilibrio con una economía que depende más que nunca de su comercio exterior.  La cantidad de tratados de libre comercio, incluyendo el esquema de la integración económica centroamericana, atestiguarían que el entorno de las funciones aduaneras sería muy distinto al anterior, caracterizado por aduanas obsoletas basadas en inspecciones físicas y el control tradicional.  Después de todo, para la modernización de sus Aduanas Costa Rica aplicó, no ciegamente, los aspectos fundamentales del librillo de la modernización seguido por países desarrollados y no desarrollados.  Por ejemplo, hoy en día la recaudación arancelaria debe alcanzar alrededor del 5% de la recaudación total en aduanas, muy por debajo del número anterior.

Luego de la reforma fiscal aprobada el año pasado (2018), creando el impuesto del Valor Agregado (IVA) y siendo reconocido que la reactivación económica es el tema primordial en la agenda del sector privado y la preocupación del Gobierno, si la modernización aduanera hubiese sido sostenible, de forma muy natural hoy se podrían tomar las medidas legales para incentivar la generación de empleo y la inversión extranjera y nacional.  Sería una acción que quizás se habría dado mucho antes, ya que las estructuras administrativas habrían detectado la necesidad.

Así, por ejemplo, los regímenes aduaneros vigentes se podrían modificar, cosa que debió de ser posible hace mucho tiempo, para permitir la importación de mercancías, equipos y maquinaria bajo esquemas como el de importación temporal haciendo más fácil y menos costoso ese régimen y, así, contribuir con el desarrollo empresarial y de proyectos privados y públicos.  Igualmente, el ingreso y salida de mercancías de regímenes como el de zonas francas habría alcanzado la digitalización completa de sus procesos y el grado más alto de facilitación imaginable, constituyéndose en un ejemplo de una práctica a replicar en el resto de países y, a lo interno, en los regímenes definitivos.

El control de empresas y operaciones aduaneras estaría basado enteramente en criterios de riesgo aplicados de forma dirigida, transparente, acorde con los recursos humanos y con hallazgos relevantes.  El despacho aduanero normal estaría prácticamente sujeto a mínimas formalidades y sería normalmente realizado automáticamente o en minutos, máximo, algunas horas, tal y como se logró en el pasado con la misma normativa vigente.

Las administraciones de aduanas, de tributación interna y de comercio exterior actuarían como una sola, permitiendo no solo la aplicación oportuna de las medidas de facilitación del comercio, sino que colaborando entre sí para que las tres entidades cumplieran sus funciones.  Incluso, las autoridades de otras entidades públicas como las de salud, medio ambiente y agricultura participarían estrecha y coordinadamente para proteger los intereses legítimos de consumidores y productores nacionales.

La administración aduanera contaría con indicadores de gestión públicos que permitirían que los órganos contralores, incluyendo la Asamblea Legislativa, evaluarán la ejecución presupuestaria de la institución y su efectividad.  De esa forma se habría podido invertir en la institución en la adquisición de la tecnología de punta para controlar el tránsito, el ingreso y salida de medios de transporte y sus mercancías.  Por ejemplo, anualmente el Director General de Aduanas de turno brindaría un detallado informe a los diputados brindando información relevante para detectar los pasos a seguir.

Es de todos conocido que ese no es el panorama actual en el sistema aduanero (sistema aduanero = órganos públicos aduaneros + sector intermediario + dueños de la carga).  Sin embargo, aún así sería posible enderezar el camino andado y hacer correcciones con el objetivo de contribuir con los objetivos del país, como se indicó en el título de este post, realizando contribuciones sustanciales para lograr el objetivo de reactivación económica.

Para ello no hay necesidad de acudir a reformas legales, porque la principal legislación vigente, incluyendo la normativa regional Centroamericana, tiene la flexibilidad necesaria para emprender cambios radicales en la gestión, la organización administrativa, los procedimientos y los regímenes aduaneros.  De todas formas, como he repetido constantemente, la redacción de la legislación aduanera, salvo casos particulares como el sancionatorio, tuvo en mente que el Poder Ejecutivo tuviera la posibilidad de actuar a través de normas reglamentarias (decretos ejecutivos) y resoluciones administrativos, cumpliendo los fundamentos básicos de toda legislación moderna como es el respeto a la transparencia, la legalidad, la jerarquía de las normas, el debido proceso y las demás garantías constitucionales y legales.  Lo que sí cuesta creer es que esa flexibilidad normativa fuere usada, por acción o por omisión, para degradar la gestión hasta el punto de sacrificar el interés general.  O bien, permanecer inmóvil sin tener la capacidad de reaccionar ante los eventos y la realidad, reaccionando en lugar de liderar.

El mundo está viendo cómo el desarrollo de la tecnología, los avances científicos, la robotización de las funciones antes exclusivamente propicias para el Homo Sapiens y la inteligencia artificial, impactan las actividades humanas y tienen repercusiones visibles o previsibles en la sociedad en todos sus órdenes.  Uno de ellos es el objeto de la actividad aduanera, relativo a la manufactura, la logística y el control de productos del comercio exterior, sin añadir aspectos como la organización e interacción entre empresas o grupos de empresas y los consumidores.

Lo que no se vale y es lamentable, es permanecer como si nada estuviere sucediendo y pretender que podemos seguir haciendo las cosas sin que el tiempo nos lleve a sacar en cara nuestra inacción.  Esta crítica no es exclusiva de la gestión pública realizada por nuestras instituciones, sino también a los empresarios y demás miembros del sector privado que adolecemos del mismo mal.

También es cierto que hay grupos y personas que tanto en el sector público como en el privado, que pese a todos los obstáculos que nos ponemos, acometen tareas, advierten sobre los problemas que nos aquejan y son ejemplo de que si los siguiéramos, el país puede afrontar los retos con confianza en su gente y en su capacidad de trabajo y de transformación de las prácticas e instituciones para el bien de la mayoría.

En el pasado pudimos dar pasos importantes en la apertura comercial y la modernización del sistema aduanero nacional.  Ahora podemos retomar el impulso y replantear lo hecho y dirigirnos hacia un estadio superior.  Ya no persiguiendo el ideal, porque el tiempo perdido no se recupera, pero, al menos, no convirtiéndose en obstáculo al desarrollo.